Plataforma de afectados por la quiebra de 2gether

El primer ataque, en julio de 2020, no quedó impune. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigó el caso, detuvo a varios responsables y consiguió recuperar buena parte de los criptoactivos sustraídos. Para miles de usuarios que habíamos perdido nuestros ahorros, debería haber sido la mejor noticia posible.

Pero esa noticia nunca nos llegó. Durante años, muchos de nosotros escribimos a 2gether una y otra vez preguntando por nuestras monedas. La respuesta fue el silencio. Seguíamos creyendo que nuestro dinero se había esfumado para siempre en el hackeo.

Lo que hemos sabido después es que aquellas monedas no se habían esfumado en absoluto. La UCO las había recuperado y entregado en un dispositivo al administrador único, D. Salvador Casquero Algarra, como custodio técnico, a disposición del juzgado. El Informe valora esos activos en torno a 867.000 € y constata que nunca se incorporaron al inventario de la concursada. Lo califica, textualmente, como una «estrategia deliberada de ocultación», que anuncia será examinada por indicios de «concurso culpable».

Seguimos sin conocer lo esencial: cuántas monedas se recuperaron, de qué tipo, en qué direcciones están y si siguen intactas. Tratándose de blockchain, esa comprobación es pública, directa y concluyente. Es lo primero que esta plataforma reclama que se verifique.

Entre octubre de 2020 y enero de 2021, más de 900 inversores entramos en la ronda de financiación de 2gether a través de Fellow Funders. Se cerró con sobredemanda: alrededor de 1,5 millones de euros captados.

El folleto proyectaba ingresos de cierre de 2020 de 2.519.000 €. Pero el 10 de noviembre de 2020, con la ronda abierta, los administradores reconocían a su auditor que la previsión real rondaría los 950.000 €. El segundo folleto siguió manteniendo los 2,5 millones. La cifra real fue de 587.856 €. En las mismas fechas, una cifra para los inversores y otra para el auditor.

Creíamos invertir en la operativa, 2gether Money Management. Pero a mitad de campaña el vehículo se sustituyó por una sociedad distinta: Salvaria Ventures, una holding. Nos convertimos en socios de Salvaria, y era Salvaria —no nosotros— quien figuraba como socia de 2gether.

En octubre de 2021, ya siendo socios, se firmó la auditoría de 2020 con salvedades: el auditor advertía de deuda infravalorada y resultado sobrevalorado. No nos llegó. Los administradores de Salvaria eran entonces D. Salvador Casquero, D. Ramón Ferraz y D. Luis Estrada, las mismas personas que administraban 2gether y habían formulado esas cuentas.

Que se esclarezca con qué información se nos captó; que se analice si se generó un engaño o confusión al presentar a Salvaria y 2gether como una misma empresa —el folleto decía «Salvaria Ventures, S.L. (en adelante 2gether)»—; y que los derechos de los inversores no dependan de quien tiene un conflicto de interés evidente.

El 29 de diciembre de 2021, 2gether sufrió lo que se nos presentó como un nuevo ciberataque: una sustracción de criptoactivos valorada en torno a 1,28 millones de euros. Un día después se puso en marcha el preconcurso. Fue uno de los detonantes finales de la quiebra.

El ataque de 2020 fue una intrusión externa. El de diciembre de 2021 no. El Informe lo califica de «fraude interno», conclusión que comparten la Guardia Civil, Deloitte y el análisis forense: no se detectó ninguna entrada no autorizada. Se usaron credenciales legítimas. Las monedas se enviaron a un «mixer» para borrar el rastro.

Los registros de acceso estaban desactivados y no había monitorización. Y, según recoge el Informe, se denunció que el entonces CEO, D. Ramón Ferraz, y el vicepresidente, D. Luis Estrada, habrían pedido a Deloitte eliminar o modificar partes del borrador —lo referido a los registros de acceso—. Justo la parte que permitiría saber quién entró.

Que se esclarezca quién tuvo acceso a esas carteras, qué ocurrió con los fondos, y por qué, pese a la recomendación de la Guardia Civil, el caso no se llevó ante la Fiscalía.

En abril de 2021, la dirección de 2gether puso en marcha, junto al CEO de Fellow Funders, un proyecto para fusionar cuatro compañías —2gether, Fellow Funders y dos tecnológicas (Bi Geek y Tadaima)— en una gran «fintech universal» bajo la marca Orbyn.

El valor de 2gether era su tecnología. El informe de valoración para esa fusión, en junio de 2021, la situó en un Fair Value de 24,6 millones de euros. Según el Informe del AC, apenas un año después ese mismo activo se declaró con valor cero en la memoria del concurso —pese a que en balances anteriores superaba los 3,5 millones—.

Mientras en 2gether «valía cero», la tecnología seguía viva en otro sitio. El Informe documenta que Bi Geek y Tadaima fueron aportadas —vía Mirai Advisory, vinculada a D. Luis Estrada— a la matriz del proyecto sucesor, Orbyn. El fraude interno se usó «de forma inmediata» para romper la fusión dos días después… pero el bloque tecnológico acabó igualmente en Orbyn.

El AC mantiene abierta una investigación sobre este «desplazamiento de valor» (posible «sucesión de empresa de hecho» sin contraprestación). Pedimos que se determine qué se traspasó, a qué sociedades y por qué valor, y si ese patrimonio debe regresar a la masa.

El AC documenta un patrón: operaciones y derechos de cobro que conectaban a 2gether con sociedades vinculadas a sus administradores —del entorno de Casquero y de Estrada—. Marsal Ventures (de Casquero) recibía facturaciones «de decenas de miles de euros» cuando ya había deudas; Winter Investigaciones (también de Casquero) adeuda 332.499,63 € no reclamados.

Según los registros públicos de la blockchain, el 24 de julio de 2022 —días antes del concurso— salieron 64 ethereum (más de 77.000 €) del monedero de custodia hacia una dirección desconocida, sin que conste contraprestación. El AC lo enmarca como «posibles actos de disposición patrimonial».

Que se investiguen todos los pagos a los administradores —Casquero, Ferraz y Estrada— y sus sociedades, y si estaban justificados; que se verifiquen todos los monederos de criptomonedas (incluido el destino de los 64 ETH); que se reclamen los derechos de cobro; y que se aporte la contabilidad completa de 2021 y 2022. Según los acreedores, las salidas ya detectadas superan los 3 millones de euros.

En julio de 2022, la sociedad —con D. Salvador Casquero como administrador único— solicitó el concurso en la modalidad de «sin masa»: un inventario afirmando que no existían bienes ni derechos de cobro. Cero euros. Sobre esa base se declaró y cerró el mismo día, sin investigar nada.

Tras la reapertura, el AC concluyó lo contrario: distintos bienes «deben integrarse en la Masa Activa […], lo que desvirtúa la pretensión inicial de un concurso sin masa». El «cero euros» había dejado fuera los criptoactivos de la UCO (≈749.000 €), un crédito de 2,46 millones frente a Winter valorado en cero «sin justificación», y saldos y activos que antes figuraban en las cuentas.

El AC deja una línea de investigación expresa: si esa valoración en cero «fue instrumentada de forma deliberada por el órgano de gestión para proyectar una insuficiencia de masa inexistente». Es decir, si se declaró «no hay nada» a sabiendas de que sí había.

Al analizar el conjunto —la valoración en cero, los créditos omitidos y los 867.346 € custodiados por el Sr. Casquero— el AC concluye que todo ello «refuerza la tesis de una estrategia deliberada de ocultación», que será analizada por indicios de «concurso culpable». Son sus palabras, no las nuestras.

Que se determine el verdadero patrimonio de la empresa, que se esclarezca por qué se declaró «sin masa» una sociedad que sí tenía bienes, y que todo el valor indebidamente excluido se integre en la masa para responder ante los afectados.